La CIDH señala en su informe que la seguridad ciudadana
debe ser concebida como una política pública, entendiendo
por está los lineamientos o cursos de acción que definen las
autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo deter-
minado, y que contribuyen a crear o a transformar las condi-
ciones en que se desarrollan las actividades que los individuos
o grupos que integran la sociedad. Una política pública no puede
comprender cabalmente sin una referencia concreta a los dere-
chos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer
que estos derechos se concreten en los planos normativo y opera-
tivo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes
estatales. Asimismo deben abordar las causas de la criminalidad
y la violencia.
La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la
problematica de la criminalidad y la violencia y su impacto en la
seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación
democrática y de la implementación de las políticas centradas en la
protección de la persona humana, en lugar de aquellas primordialmente
buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado orden político.
Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no definen en
en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia
interpersonal o social, cuya prevención y control es el objetivo de las
políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se encuentran obligados
por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente
afectados por conductas violentas o delictivas: el derecho a la vida; el dere-
cho a la integridad física; el derecho a la libertad personal; el derecho a
las garantias procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes.
Las obligaciones de los Estados miembros respecto a la seguridad ciuda-
dana también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la
protección judicial; el derecho a la privacidad y a la protección de la honra
y la dignidad, el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la libertad
de reunión y asociación: y el derecho a la participación en los asuntos
de interés público. En un sentido amplio, la seguridad ciudadana también
puede incorporar medidas de garantía de los derechos de la educación, la
salud, la seguridad social y al trabajo, entre otros.
